La Informalidad

Esto que escribo sobre la informalidad está en mucho inspirado en la obra de Hernando de Soto.

Es verdaderamente intrigante, por no decir decepcionante que ninguno de los tres candidatos haya mencionado en forma alguna el problema de la ilegalidad y me refiero a la informalidad o a actividades lícitas dentro de un marco informal, y no a actividades prohibidas como el narcotráfico y la prostitución. Hay informalidad en el comercio, en la industria, en la construcción, en el transporte: hay informalidad en todo. De hecho, con más del 50% del PIB basado en la informalidad, puede afirmarse enfáticamente que México es un país anárquico.

Una de la razones de la informalidad, se encuentra en la ineficiencia de la ley. En términos técnicos, somos informales por el llamado coste de la legalidad. Los políticos, los legisladores, y, mucho menos, los abogados no entienden que la ley cuesta como cualquier otra cosa. Si se quiere hacer un negocio, se necesita tiempo e información. Hacer el negocio cuesta algo independientemente del negocio mismo. Vender cualquier producto cuesta algo más que el producto en sí mismo; cuesta la oportunidad, la inteligencia, la ubicación, la percepción del deseo de los consumidores. Igual la ley. La ley cuesta con independencia de lo que se quiera hacer con ella. ¿Cuál es el costo de la ley, entonces? La cantidad de tiempo y de información que se necesita para cumplir con ella.

En México, la cantidad de tiempo de información y de dinero, cohecho incluido, que se necesita para cumplir con la ley es muy alto, de hecho comparativamente más alta que la cantidad de tiempo y de información que se necesita en Estados Unidos para cumplir con la ley, y en general es así, el costo de la ley es mucho menor en los países prósperos que en los pobres tal y como lo ha mostrado el Premio Nóbel de Economía en 1994 Douglass C. North.

En México, la ley es costosa. Es tan costosa que distorsiona al mercado y excluye de él a los sectores menos favorecidos de la población. ¿Por qué hay informales entonces? Porque la gente, dados sus pocos ingresos, no puede trabajar de otra forma, no puede cumplir con la ley, no puede pagar los impuestos, no puede acceder a una urbanización formalmente construida porque los trámites y el tiempo requerido para hacerlo son insufragables. Esta es la realidad objetiva. No es una tara cultural, no es un problema mental, no es una herencia étnica. Es discriminación legal.

La gente pobre tiene otra manera de enfrentar el derecho; que el derecho discrimina y que, evidentemente, en un país donde no hay posibilidad de ser empresario legal, necesariamente se crea una situación social explosiva. Pero hay en todo esto una buena noticia; la mayor parte de los pobres son empresarios, que no viven de sueldos, sino de utilidades. Es decir, los informales son esencialmente empresarios y saben qué es lo que hay que hacer y cómo luchar para obtener utilidades; saben identificar oportunidades, saben hacer contabilidad básica, saben adaptarse a sus clientes y, en el fondo, conforman una base para el desarrollo.

El origen de esa discriminación legal radica en ese capitalismo antidemocrático, el mercantilismo, en el cual la propiedad privada no es un derecho sino un privilegio, la empresa privada es también un privilegio, y la competencia no existe. El Estado grande e inútil se encarga de impedirla con trabas legales. Es este mantener un sistema de privilegio en México la causa principal de nuestro subdesarrollo y de nuestra crisis.